Ciudad de M\u00e9xico, 27 de mayo de 2020.<\/p>\n
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En recientes fechas, las autoridades energ\u00e9ticas del pa\u00eds han publicado acuerdos y medidas que han alterado diversos preceptos de la denominada Reforma Energ\u00e9tica y repercuten en la esfera jur\u00eddica de los participantes privados del mercado el\u00e9ctrico mexicano.<\/p>\n
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Con fecha 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energ\u00eda (CENACE) emiti\u00f3 el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema El\u00e9ctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el que, esencialmente, se suspenden las pruebas preoperativas de las centrales el\u00e9ctricas intermitentes (e\u00f3licas y fotovoltaicas) en proceso de operaci\u00f3n comercial y no se autorizan las pruebas de aquellas que a\u00fan no han iniciado la operaci\u00f3n.<\/p>\n
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Posteriormente, con fecha 15 de mayo de 2020, la Secretar\u00eda de Energ\u00eda public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el Acuerdo por el que se emite la Pol\u00edtica de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema El\u00e9ctrico Nacional, en el que de manera esencial y entre otras consecuencias el gobierno mexicano prioriza la generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica a trav\u00e9s\u00a0 de las instalaciones propiedad de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad en detrimento de la generaci\u00f3n de energ\u00eda mediante centrales fotovoltaicas o e\u00f3licas, e incluso aplaza la entrada en operaci\u00f3n de dichas centrales.<\/p>\n
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Las medidas contenidas en los acuerdos mencionados anteriormente contrar\u00edan diversas disposiciones constitucionales, como son el derecho al medio ambiente adecuado, desarrollo sustentable, al principio de seguridad jur\u00eddica, legalidad y libre competencia, que se pueden traducir en afectaciones patrimoniales susceptibles de ser combatidas ante los juzgados nacionales competentes, e incluso mediante un arbitraje de inversi\u00f3n en los casos que transgredan alg\u00fan tratado de inversi\u00f3n celebrado por el Estado Mexicano.<\/p>\n
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En efecto, conforme a la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de un acto de autoridad, es suficiente el inter\u00e9s leg\u00edtimo de afectaci\u00f3n provocado por el acto reclamado, por lo que atendiendo a la situaci\u00f3n de cada caso en particular diversos participantes del mercado de el\u00e9ctrico, tales como: comercializadores, generadores, suministradores y usuarios finales, podr\u00e1n hacer valer los juicios constitucionales por los actos que afecten su esfera jur\u00eddica.<\/p>\n
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De igual manera, pueden surgir un sinf\u00edn de acciones legales de \u00edndole privado, debido a las diversas relaciones jur\u00eddicas entre los participantes del mercado el\u00e9ctrico en atenci\u00f3n al cambio de prioridades provocado por los Acuerdos de la autoridad energ\u00e9tica.<\/p>\n
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Finalmente, la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica en las inversiones extranjeras protegidas por alg\u00fan tratado de inversi\u00f3n celebrado por el Estado Mexicano puede ser reclamada por el inversionista en un arbitraje de inversi\u00f3n conforme a lo estipulado en el tratado internacional correspondiente.<\/p>\n
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Los abogados y socios de las pr\u00e1cticas corporativa, de energ\u00eda, administrativa, de litigio y arbitraje de nuestra firma est\u00e1n a las \u00f3rdenes de los clientes que requieran asesor\u00eda en este tema.<\/p>\n
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ATTENTION,<\/p>\n
Juan Carlos Serra<\/strong><\/p>\n serra@basham.com.mx<\/a><\/p>\n <\/p>\n Jorge <\/strong>Eduardo Escobedo jescobedo@basham.com.mx<\/a><\/p>\n <\/p>\n Miguel Figueroa<\/strong><\/p>\n mfigueroa@basham.com.mx<\/a><\/p>\n <\/p>\n Pedro Reynoso<\/strong><\/p>\n preynoso@basham.com.mx<\/a><\/p>\n <\/p>\n Rodolfo Barreda<\/strong><\/p>\n
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