Ciudad de México, 08 de abril de 2026
En los pasados días han acontecido dos hechos de alta relevancia para el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, así como diversos amparos relacionados, confirmando la constitucionalidad del esquema de bloqueo de cuentas previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.
El Pleno determinó que la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para incluir personas en la lista de bloqueados y ordenar el congelamiento de cuentas:
(i) constituye una medida cautelar de carácter administrativo,
(ii) no tiene naturaleza sancionatoria ni penal,
(iii) puede ejercerse con base en indicios suficientes, y
(iv) debe respetar las garantías de audiencia, defensa y acceso a medios de impugnación.
Por otro lado, el 27 de marzo de 2026 se publicó el decreto que reforma el Reglamento de la Ley de la materia, vigente a partir del 28 de marzo.
Entre los aspectos más relevantes del Reglamento destacan:
- La incorporación de un régimen específico de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), incluyendo mecanismos de integración y consulta de listas
- El fortalecimiento de las facultades de supervisión y sanción del SAT, así como nuevas atribuciones para la UIF
- Nuevas reglas sobre acumulación de operaciones y la obligación de presentar avisos de 24 horas incluso en casos de intentos de operación
- La incorporación de obligaciones de auditoría interna o externa y documentación de regularización
- La posibilidad de que la autoridad motive resoluciones con base en información de bases de datos oficiales
Es importante destacar que aún se encuentra pendiente la emisión de las reglas de carácter general que deberán completar la implementación del nuevo marco normativo antes de julio de 2026.
En conjunto, estos desarrollos reflejan una consolidación del enfoque preventivo del sistema mexicano de PLD/FT, fortaleciendo las herramientas de supervisión y reacción de las autoridades, al tiempo que precisan los alcances del debido proceso en el ámbito administrativo.
Nuestro equipo se encuentra a su disposición para analizar el impacto de estos cambios en sus operaciones y apoyar en la implementación de medidas de cumplimiento.
Sincerely yours,
Diana Rangel León
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Daniela Pineda Robles
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Maria Regina Sotelo Ocejo
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Ricardo Antonio Tagle Pastén
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