09 febrero, 2026
El 3 de febrero de 2026, el Gobierno de México presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030 (el “Plan”), mediante el cual se establece una estrategia integral de inversión pública orientada a detonar el crecimiento económico, fortalecer la infraestructura estratégica del país y promover el desarrollo con justicia social.
El Plan busca estructurarse mediante esquemas de inversión mixta que preservan la rectoría del Estado, complementándose con inversión privada a través de mecanismos distintos a las ya conocidas asociaciones público-privadas. Lo anterior tiene como objetivo incrementar sustancialmente la inversión pública, protegiendo las finanzas públicas y asegurando el control estatal sobre los proyectos estratégicos.
Entre los puntos más relevantes del Plan destacan los siguientes:
Monto y alcance de la inversión.
Para el ejercicio 2026, se prevé una inversión adicional de 722 mil millones de pesos, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para el periodo 2026–2030, la inversión total proyectada asciende a 5.6 billones de pesos, destinada a la ejecución de más de 1,500 proyectos de infraestructura a nivel nacional.
El Plan tiene como objetivo contribuir a un crecimiento económico estimado del 3% anual, impulsando la generación de empleo, el desarrollo regional y el fortalecimiento de la soberanía nacional.
Distribución sectorial de la inversión.
La inversión se concentrará en ocho sectores estratégicos, con un énfasis prioritario en energía y conectividad:
• Energía: 54.15%.
• Ferroviario: 15.63%.
• Carreteras: 13.93%.
• Salud: 6.48%.
• Puertos: 6.23%.
• Agua: 2.83%.
• Educación: 0.34%.
• Aeropuertos: 0.04%.
Sectores estratégicos y proyectos relevantes.
Energía.
El sector energético concentra más de la mitad de la inversión total. Destacan los proyectos de Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) para 2026, con una inversión estimada de 427 mil millones de pesos, orientada a:
- Producción de petróleo, manteniendo la meta de 1.8 millones de barriles diarios, y desarrollo de proyectos estratégicos como Trión, Zama y Maloob.
- Incremento en la producción de gas natural, considerado combustible de transición, con campos clave como Ixachi, Bakté y Burgos.
- Refinación y petroquímica, incluyendo la conclusión de la modernización de la refinería de Tula y avances en Salina Cruz, así como la reactivación de cadenas petroquímicas y de fertilizantes.
- Desarrollo de nuevas energías, incluyendo proyectos de litio, hidrógeno verde, geotermia, eólica marina, biocombustibles y captura de carbono.
Transporte y conectividad.
Incluye proyectos de trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, orientados a mejorar la conectividad regional, fortalecer corredores logísticos y productivos y detonar el desarrollo económico en diversas regiones del país.
Desarrollo social e infraestructura básica.
Comprende inversiones en salud, agua y educación, enfocadas en ampliar el acceso a servicios básicos y reducir brechas regionales, bajo un enfoque de bienestar social.
Esquemas de inversión y gobernanza.
El Plan prioriza la inversión pública como eje rector, complementada con esquemas de inversión mixta (público–privada o público–social), en los que el Estado mantiene la propiedad, control y definición de los objetivos sociales de los proyectos.
Para la ejecución y seguimiento del Plan, se prevé:
- La creación de vehículos de inversión especializados y, en su caso, empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.
- La actualización del marco normativo aplicable y la emisión de disposiciones específicas para cada sector.
- La integración de una Base de Datos Nacional para el seguimiento físico y financiero de los proyectos.
- La supervisión por parte del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, presidido por la Presidenta de la República, responsable de la priorización de proyectos, coordinación interinstitucional, transparencia y rendición de cuentas.
Adicionalmente, el Ejecutivo Federal ha señalado que enviará al Congreso de la Unión diversas iniciativas legislativas con el objetivo de regular la implementación del Plan y habilitar los vehículos y esquemas de inversión necesarios para su ejecución. Se estima que los primeros procesos de licitación y mecanismos de participación asociados a los proyectos del Plan podrían comenzar a lanzarse durante el segundo trimestre de 2026.
Daremos seguimiento puntual a la evolución del marco legal y regulatorio aplicable, así como a la publicación de las iniciativas, disposiciones y convocatorias correspondientes, y los mantendremos oportunamente informados sobre cualquier desarrollo relevante.
Los abogados de nuestra firma, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.
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