Ciudad de México, a 31 de Marzo 2025
Derivado de los crecientes riesgos en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (“ASG” o como son conocidos generalmente por sus siglas en inglés “ESG””) que afectan a las diversas empresas tanto en México como en el exterior, desde fenómenos climatológicos como huracanes, escases de recursos como agua y otros insumos que se ven afectados por cambio climático y calentamiento global y que estos riesgos a su vez tienen una influencia directa en las personas y comunidades que se ven influenciadas por las actividades de las empresas (la “Responsabilidad Corporativa de las Empresas” o “RSC”) y que al amparo de la RSC, las empresas deben de cuidar no únicamente sus rendimientos, sino también ser conscientes y tomar medidas para reducir el impacto que pueden tener en el ámbito social tanto frente a sus empleados como frente a sus grupos de interés (conocidos como “Stakeholders”), existe una necesidad evidente de tomar en cuenta estos factores para determinar la viabilidad de proyectos en los que el gobierno mexicano contrata a empresas privadas para el desarrollo de los mismos.
En tal virtud, al día de hoy, existe la necesidad de entender de manera clara estos riesgos y como afectan a las empresas en sus operaciones. Es por esto que el gobierno mexicano busca establecer normatividad y procesos de protección que generen la necesidad a las empresas de hacer un análisis de los riesgos ESG relacionados con los servicios o productos que ofrecen a efecto de que una vez que las empresas los detecten y comprendan, puedan establecer planes de control y mitigación que minimicen las posibles disrupciones e incumplimientos a los contratos celebrados entre el sector público y particulares.
En ese sentido, el 19 de marzo de 2025, se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de sustentabilidad e igualdad de género.
La propuesta tiene por objetivo incorporar mecanismos que incentiven la adopción de prácticas empresariales sostenibles y con enfoque de igualdad sustantiva en los procesos de contratación pública.
Entre las principales modificaciones destacan las siguientes:
Se propone otorgar puntos y porcentajes adicionales en procedimientos de licitación pública a las empresas que:
- Implementen procesos voluntarios de autorregulación ambiental, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades competentes.
Estas medidas se integran a la fracción V del artículo 23 y al quinto párrafo del artículo 26 de la Ley, en los apartados donde se detallan los criterios para promover condiciones favorables en adquisiciones, arrendamientos y servicios.
La propuesta busca facilitar el acceso de empresas social y ambientalmente responsables a los procesos de adquisiciones gubernamentales, al mismo tiempo que incentiva la transición hacia prácticas empresariales con mayor compromiso social y no obstante, se trata de una propuesta, esta deja claro que los factores ESG estan siendo analizados por el gobierno y que es altamente probable que las empresas requieran tomar medidas en estos temas para mantenerse relevantes en el mercado. Los equipos ESG y Regulatorio de nuestra Firma cuentan con la capacidad y conocimiento necesario para asistir a nuestros clientes en el entendimiento de estos procesos y para la implementación de políticas que cubran estas obligaciones, y de tal forma puedan ser más competitivas en los procesos de licitacionescubran estas obligaciones, y de tal forma puedan ser más competitivas en los procesos de licitaciones.
Atentamente,
Juan Jose Lopez de Silanes
lopez_de_silanes@basham.com.mx
Gerson Vaca
Diana Rangel
